El municipio de San Fernando avanza en la imposición de un impuesto (de dudosa legalidad constitucional) encubierto bajo la inadecuada denominación de “tasa” a los combustibles líquidos. Al mismo tiempo, el gobierno municipal implementa una política, que poco resguarda la cultura y educación, recortando brutalmente los recursos de la Biblioteca y Museo Madero.
Ambas decisiones nos hacen reflexionar y nos surgiere dudas, en primer lugar sobre la capacidad de gestión de la actual conducción municipal y en segundo lugar, la orientación política de sus decisiones.
Vamos primero a la cuestión legal y tributaria del impuesto encubierto. La facultad de fijar tributos a los combustibles líquidos y gas natural es potestad exclusiva del Estado Nacional. En consecuencia, de prosperar la implementación desde el Estado Municipal de un impuesto encubierto intencionalmente bajo la incorrecta de “Tasa”, aprobado ya por ordenanza, estaríamos en presencia de una doble imposición tributaria carente de toda validez constitucional, ya que la Ley Nacional N° 23.548 ha establecido e implementado dicho gravamen sobre esa misma base imponible en su oportunidad, según lo reseño nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Si lo analizamos desde la óptica económica, la pregunta sería ¿Por qué implementar un gravamen, que no distingue capacidad contributiva y que de manera paralela impacta negativamente sobre el poder de compra y consumo popular? Además, si reflexionamos sobre el alcance de una medida municipal en relación a la realidad geográfica del conurbano, concluimos que disponiendo a unas pocas cuadras de una estación de servicio ubicada en una localidad vecina, donde el combustible no soporta este tributo, se genera automáticamente una ventaja competitiva sobre las estaciones que no están en San Fernando. Con lo cual, a la hora de hacer números en las arcas municipales, veríamos que en valores absolutos lo recaudado sería muy pobre, y abríamos desalentado y distraído el consumo del propio distrito, con el impacto consecuente en la economía local.
Finalmente la cuestión política. Varias preguntas sugieren este tema; ¿Por qué, ante desequilibrios económicos financieros, se implementan este tipo de estructuras tributarias de carácter regresivas (es decir, que terminan afectando más a los que menos tienen) y no se implementan políticas impositivas que carguen sobre aquellos que tienen mayor capacidad de pago? ¿Por qué insistir con políticas que oprimen la capacidad de compra o poder de consumo que son la base de un modelo económico de producción y desarrollo nacional autónomo? ¿Por qué insistir en viejas recetas ante nuevos desafíos que nos impone la realidad económica global? Quizás la respuesta la encontremos en la orientación política del gobierno municipal. Gobierno al que podemos caracterizar como un proyecto políticamente autista, que transita en soledad, no comprendiéndose parte de un proyecto de país, y que no persigue ideales de justicia social. Conformando así la lamentable lista de proyectos autonomistas que tienen más que ver con el siglo pasado que con el futuro por venir (que reclama unidad y organización, y principalmente gestión inteligente y eficaz).
Lo más doloroso es que esos fondos, lamentablemente, no serían destinados a fomentar la cultura y la educación o al menos a compensar el brutal ajuste presupuestario que sufrieron instituciones emblemáticas como la Biblioteca Madero.
Ante esta situación, es responsabilidad de todos los vecinos, de manera colectiva, apuntalar y velar por la construcción de un Estado que resguarde y proteja la cultura, la producción, el consumo y el ahorro, como lo hace el gobierno nacional, para continuar el camino de crecimiento y desarrollo con inclusión social que transita la Argentina desde el año 2003.
Políticas dirigidas desde Estados municipales que no guardan ese sentido, merecen ser duramente criticadas por aquellos que no queremos volver al pasado doloroso que vivió nuestro país, donde ante la incapacidad e ineficiencias de gestión se recurre a viejas recetas donde ya conocemos los resultados.
Vamos primero a la cuestión legal y tributaria del impuesto encubierto. La facultad de fijar tributos a los combustibles líquidos y gas natural es potestad exclusiva del Estado Nacional. En consecuencia, de prosperar la implementación desde el Estado Municipal de un impuesto encubierto intencionalmente bajo la incorrecta de “Tasa”, aprobado ya por ordenanza, estaríamos en presencia de una doble imposición tributaria carente de toda validez constitucional, ya que la Ley Nacional N° 23.548 ha establecido e implementado dicho gravamen sobre esa misma base imponible en su oportunidad, según lo reseño nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Si lo analizamos desde la óptica económica, la pregunta sería ¿Por qué implementar un gravamen, que no distingue capacidad contributiva y que de manera paralela impacta negativamente sobre el poder de compra y consumo popular? Además, si reflexionamos sobre el alcance de una medida municipal en relación a la realidad geográfica del conurbano, concluimos que disponiendo a unas pocas cuadras de una estación de servicio ubicada en una localidad vecina, donde el combustible no soporta este tributo, se genera automáticamente una ventaja competitiva sobre las estaciones que no están en San Fernando. Con lo cual, a la hora de hacer números en las arcas municipales, veríamos que en valores absolutos lo recaudado sería muy pobre, y abríamos desalentado y distraído el consumo del propio distrito, con el impacto consecuente en la economía local.
Finalmente la cuestión política. Varias preguntas sugieren este tema; ¿Por qué, ante desequilibrios económicos financieros, se implementan este tipo de estructuras tributarias de carácter regresivas (es decir, que terminan afectando más a los que menos tienen) y no se implementan políticas impositivas que carguen sobre aquellos que tienen mayor capacidad de pago? ¿Por qué insistir con políticas que oprimen la capacidad de compra o poder de consumo que son la base de un modelo económico de producción y desarrollo nacional autónomo? ¿Por qué insistir en viejas recetas ante nuevos desafíos que nos impone la realidad económica global? Quizás la respuesta la encontremos en la orientación política del gobierno municipal. Gobierno al que podemos caracterizar como un proyecto políticamente autista, que transita en soledad, no comprendiéndose parte de un proyecto de país, y que no persigue ideales de justicia social. Conformando así la lamentable lista de proyectos autonomistas que tienen más que ver con el siglo pasado que con el futuro por venir (que reclama unidad y organización, y principalmente gestión inteligente y eficaz).
Lo más doloroso es que esos fondos, lamentablemente, no serían destinados a fomentar la cultura y la educación o al menos a compensar el brutal ajuste presupuestario que sufrieron instituciones emblemáticas como la Biblioteca Madero.
Ante esta situación, es responsabilidad de todos los vecinos, de manera colectiva, apuntalar y velar por la construcción de un Estado que resguarde y proteja la cultura, la producción, el consumo y el ahorro, como lo hace el gobierno nacional, para continuar el camino de crecimiento y desarrollo con inclusión social que transita la Argentina desde el año 2003.
Políticas dirigidas desde Estados municipales que no guardan ese sentido, merecen ser duramente criticadas por aquellos que no queremos volver al pasado doloroso que vivió nuestro país, donde ante la incapacidad e ineficiencias de gestión se recurre a viejas recetas donde ya conocemos los resultados.
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